Agenda común de los bloques campesinos

 AGENDA COMÚN DE LOS BLOQUES CAMPESINOS: 

Las organizaciones campesinas que suscribimos el presente documento que se entregará al gobierno federal para la firma de un PACTO RURAL que establezca un Cambio de Fondo en las Políticas Agroalimentarias, Pesqueras y Forestales reconocemos que más allá de nuestras diferencias, está la obligación de unir nuestras fuerzas, capacidades e iniciativas para contribuir a la salvación del campo frente al rotundo fracaso del modelo de agricultura, alimentación y “desarrollo” que fue impuesto en nuestro país desde 1982 y que ha estado en vigor hasta la fecha ininterrumpidamente y sin variaciones significativas, no obstante de la alternancia.

Desde nuestra diversidad y autonomía, expresamos con responsabilidad al gobierno federal, de cara a la sociedad y a la opinión pública, nuestra genuina disposición para construir a través del diálogo y negociación un nuevo rumbo para el campo mexicano.

Se ha demostrado en la práctica, desde lo profundo de las comunidades campesinas e indígenas y a lo largo y ancho del país, que sí hay alternativas viables para resolver los grandes problemas del campo y de la soberanía alimentaria del país, y que sí existen otros caminos diferentes al del modelo de abandono del campo y de privilegio a las importaciones y a las corporaciones agroalimentarias que nos ha sido impuesto desde hace tres décadas. Lo que no ha existido hasta ahora es la voluntad política de gobernar en función del interés público y de la nación y de recobrar la autonomía y la soberanía del Estado mexicano frente a los monopolios y los intereses externos.

Hoy la dependencia alimentaria, la malnutrición y la inseguridad alimentaria comprometen no solo los derechos y modos de vida, producción y cultura de millones de campesinos e indígenas, sino que a la vez vulneran peligrosamente la independencia y la economía de la nación así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de toda la población.

En México, las organizaciones campesinas hemos sido conscientes de la necesidad de impulsar cambios de fondo y de contribuir a la inclusión del campo y los campesinos en el proyecto  nacional y construir condiciones para la realización plena de sus derechos y de su enorme potencial de contribución a los grandes problemas alimentarios, de empleo, ambientales, de seguridad y estabilidad del país.

Hoy, de nueva cuenta, mostramos nuestra responsabilidad al unirnos en torno a una agenda común para un cambio de fondo en las políticas públicas agroalimentarias y de desarrollo rural.

Es insostenible económica, social, política, ambiental y éticamente continuar con el modelo de dependencia alimentaria. Necesitamos un nuevo modelo con base en la soberanía alimentaria y en, especial, en la autosuficiencia en la producción de los cultivos considerados básicos y estratégicos por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Es insostenible económica, social, ambiental, política y éticamente continuar con un modelo de agricultura industrial, extractivista, que concentra inversión pública, subsidios, créditos, asistencia técnica, apoyos a la comercialización, etcétera, en no más de 10 por ciento de las unidades de producción, consumiendo grandes cantidades de agua, energía fósil y agroquímicos; contaminando agua, tierra, aire y emitiendo grandes cantidades de carbono en la atmósfera; sobrexplotando y envenenando a los trabajadores agrícolas; y produciendo alimentos dañinos a la salud humana y animal. Necesitamos un modelo de agricultura sustentable, compatible con la preservación de los suelos y demás recursos naturales y que valorice e invierta en la realización del enorme potencial productivo del 90 por ciento de las unidades de producción, pequeñas y medianas en su gran mayoría.

Es insostenible económica, social, ambiental, política y éticamente continuar con un modelo de exclusión social de los ejidos, comunidades, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes del campo. No se entiende como en pleno siglo XXI y después de la revolución social de 1910, se quiere invisibilizar a la población rural y negarle sus derechos individuales y colectivos a la tierra, territorio y a sus modos de vida, producción y cultura.

El Nuevo Pacto Rural para un Cambio de Fondo en las Políticas Agroalimentarias, Pesqueras y Forestales debe representar al mismo tiempo el principio de la construcción de un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad rural, misma que ha sido roto en las tres últimas décadas de neoliberalismo en el campo mexicano. En este sentido, nuestra propuesta también pretende abonar en esta dirección.

Es importante que el gobierno federal asuma con seriedad y responsabilidad nuestra propuesta y nos reconozca como interlocutores válidos. Asimismo, que el gobierno federal entienda que el diálogo y la negociación de un cambio de fondo en las políticas hacia el campo no es una concesión graciosa, sino un obligación del gobierno en un régimen democrático.

Exhortamos al gobierno federal a reconocer que nuestra voluntad está dirigida a impulsar un cambio de fondo y no de forma.

Hacemos un llamado respetuoso a las demás  organizaciones  y movimientos campesinos  a la unidad en torno a una agenda común, al perfeccionamiento de la agenda y a un plan de acción unitario para lograr los cambios de fondo.

Es tiempo de unidad de las organizaciones y movimientos del campo. Si podemos lograr cambios de fondo será por nuestra iniciativa, unidad, agenda justa, estrategia y movilizaciones.

Las Organización Campesinas de los Bloques que signamos esta Agenda Común nos comprometemos a:

  1. Coadyuvar y pactar la transición de fondo de la política pública del campo mexicano.
  2. Crear una instancia de diálogo y negociación y seguimiento entre el Gobierno Federal y los Bloques Campesinos signantes.
  3. Promover el aumento de la producción de alimentos básicos, así como la conservación del medio ambiente y su sustentabilidad, para reducir la pobreza.
  4. Contribuir a la gobernalidad democrática del país.

A continuación presentamos al gobierno federal y a la opinión públicas nuestras propuestas y demandas concretas para el diálogo y negociación de un PACTO RURAL que establezca un Cambio de Fondo en las Políticas Agroalimentarias, Pesqueras y Forestales.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y ECONOMÍA CAMPESINA.

1. El gobierno federal se compromete a establecer una nueva política pública para alcanzar la autosuficiencia alimentaria con campesinos e indígenas, equidad de género y  generacional, con un nuevo modelo de producción sustentable, sin maíz transgénico y sin monopolios, para la soberanía alimentaria y la plena realización del derecho a la alimentación y la organizaicón rural.

2. El gobierno federal, en consulta y acuerdo con las organizaciones campesinas, se compromete a llevar a cabo una reestructuración completa y de fondo del Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que los recursos públicos se destinen a fomentar la producción y productividad agropecuaria, pesquera y forestal, prioritariamente de pequeña escala para el desarrollo de la economía campesina e indígena.

3. El gobierno federal se compromete, en el marco de la nueva política agroalimentaria objeto del presente Acuerdo, a fomentar la producción agropecuaria, pesquera y forestal, transformando las cadenas productivas para  incorporar a éstas a los campesinos e indígenas de manera sustentable y sostenible mediante la innovación tecnológica y métodos que puedan mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, impulsando los instrumentos adecuados para reducir las pérdidas pre/post cosecha, además de mejorar la inocuidad y sanidad de los alimentos.

4. El gobierno federal se compromete a establecer un sistema de precios remunerativos y justos para los productores, dar certidumbre en la comercialización de las cosechas y definiendo en cada ciclo las compensaciones fiscales correspondientes. Para coadyuvar a este objetivo es necesario garantizar el abasto, estableciendo una reserva estratégica de granos, oleaginosas y productos agrícolas estratégicos. Asimismo, rediseñar la política de comercio exterior que regule las importaciones de alimentos, productos agrícolas y de agroinsumos en función de los nuevos objetivos de autosuficiencia alimentaria, con precios remunerativos, justos y certidumbre en la comercialización de cosechas nacionales, así como la formación e integración de mercados locales, regionales y a nivel nacional.

5. El gobierno federal se compromete a reconocer a las Organizaciones Campesinas como entidades de interés público, que impulsan y vinculan la organización económica – productiva de la población rural, su capacitación laboral y su formación empresarial, el desarrollo social y comunitario en el medio rural. Asimismo, el gobierno federal se compromete a conformar una red de asistencia y transferencia de tecnológica, vinculada a los productores y bajo coordinación de sus organizaciones, que dé seguimiento a los proyectos, generando modelos alternativos de producción agropecuaria.

Rediseño de los instrumentos de Apoyo a partir de la restructuración del Presupuesto Especial Concurrente (PEC) para orientar la erradicación de la pobreza con enfoque productivo y compensatorio de las desigualdades

6. El gobierno federal se compromete a reconocer y respetar las tierras y territorios en manos de los campesinos e indígenas, así como resolver los conflictos agrarios existentes.

7. El gobierno federal se copromete a impulsar el incremento de capacidades de la población rural como una vía para incrementar la producción agropecuaria en el campo y mejorar los ingresos de la población campesina e indígena, recuperando las formas tradicionales sustentables de producción de alimentos, estimulando la utilización de técnicas amigables con la naturaleza, otorgando subsidios directos

para el pago anticipado de las cosechas, la producción, comercialización y la organización de productores, a la capacitación y transferencia tecnológica, para el aseguramiento frente a los riesgos climáticos y otorgarles una compensación económica cuando los precios del mercado estén por debajo de su valor.

8. El gobierno federal se compromete a frenar la carestía de los alimentos y garantizar el derecho a la alimentación, con el incremento de las tiendas rurales de DICONSA, con un abasto seguro, a precios inferiores al mercado, sin alimentos chatarra y garantizando compras de excedentes de productos alimentarios locales. Asimismo a impulsar la organización cooperativa, económica y de productores para actividades productivas de autoconsumo, de ahorro y consumo de alimentos sanos en el sector rural y urbano.

Mejoramiento de los ingresos, de la alimentación, de los servicios de salud y nutrición, educación, vivienda e infraestructura comunitaria

9. El gobierno federal se compromete a garantizar los derechos sociales de los campesinos e indígenas y de toda la población rural que carezca de ellos, con el acceso a una alimentación nutritiva, vivienda digna, salud y educación, entre otros. Asimismo que el Sistema de Salud dé cobertura universal y los programas de Vivienda prioricen la Producción Social de Vivienda (PSV) que organiza a las comunidades, tiene enfoque de sustentabilidad y adaptabilidad a la cultura, organización y recursos naturales.

10. El gobierno federal se compromete a la creación del Sistema Nacional Alimentario y Nutricional que garantice una alimentación sana y nutritiva de los niños, jóvenes y mujeres en edad reproductiva, así como de la población rural que presente pobreza alimentaria estableciendo mecanismos de vigilancia nutricional y de salud, con la participación de las organizaciones campesinas y sociales y los tres niveles de gobierno.

11. El gobierno federal se compromete a garantizar educación básica de calidad en el sector rural a través de escuelas dignas y la creación de servicios de albergues y comedores escolares, así como favorecer el acceso de los jóvenes del sector rural a escuelas de educación media y superior de alto nivel mediante el estímulo de becas para alojamiento y alimentación.

12. El gobierno federal se compromete a fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización y participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la corresponsabilidad con la reconstrucción de la identidad y sentido de pertenencia a la comunidad para generar cohesión social; vinculando el desarrollo individual, familiar y comunitario para reconstruir el tejido social, reconociendo y respetando la diversidad y heterogeneidad de la población rural.

13. El gobierno federal se compromete a establecer una política de seguridad pública para garantizar la paz y la tranquilidad de las comunidades rurales respetando su organización social y política.

 

Desarrollo Regional

14. El gobierno federal se compromete a instrumentar una reforma fiscal que distribuya de manera justa y equitativa los ingresos federales en beneficio de los municipios cuya población este, mayoritariamente en condiciones de pobreza y que permita desde lo local crear un piso básico de beneficios y subvenciones, que garanticen a la población mejores condiciones de vida.

15. El gobierno federal se compromete a impulsar el desarrollo regional de acuerdo a las características físicas, geograficas y culturales de cada región que permitan la participación de los campesinos e indígenas, por medio de Agencias de Desarrollo COMUNITARIAS en las que convergan recursos y programas gubernamentales que garanticen el desarrollo integral y progresivo de la comunidad.

 

MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES, DE TIERRAS Y TERRITORIOS

El gobierno federal se compromete a incorporar a la Política de Cambio Climático la visión de las Comunidades Campesinas y de los Pueblos Indígenas a través de la revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático; de la incorporación de una representación campesina e indígena al Consejo Nacional de Cambio Climático; de la revisión de la propuesta de Estrategia Nacional sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+) y de la revisión y reorientación del financiamiento del Banco Mundial para el proyecto de Bosques y Cambio Climático, entre otras medidas.

17. El gobierno federal se compromete a implementar de manera inmediata la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENA-MST) con la publicación del Programa Nacional de Manejo Sustentable de Tierras o de Lucha contra la Desertificación y la Sequía correspondiente, asignando el presupuesto necesario y estableciendo una Agencia dedicada al tema, a través de la reorientación de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA).

18. El gobierno federal se compromete a revisar y reorientar la Política de Conservación de la Biodiversidad, de Áreas Naturales Protegidas y de Pago por Servicios Ambientales, incorporando la visión de las Comunidades Campesinas y los Pueblos Indígenas con énfasis en el principio del respeto al derecho a usar sustentablemente sus recursos o medios de vida.

19. El gobierno federal se compromete a establecer con carácter prioritario políticas y programas integrales y multianuales para el desarrollo y consolidación del Manejo Forestal Comunitario en todo el país, que impulse de manera equilibrada el manejo sustenble del bosque natural, las plantaciones forestales y la conservación participativa, que deberá atender todos los tipos de ecosistemas forestales y a los diferentes niveles de desarrollo de los ejidos, comunidades indígenas, sus empresas y asociaciones.

20. El gobierno federal se compromete a establecer políticas y programas que incentiven la Legalidad Forestal que fomenten la producción, consumo, transporte, transformación y comercialización legal de productos forestales para eliminar el mercado ilegal de madera y otros productos forestales.

21. El gobierno federal se compromete a diseñar e implementar un Sistema Nacional de Salvaguardas Campesinas, Indígenas y Ambientales en materia de proyectos de Carbono Forestal, Minería, Hidroeléctricos y en general de aquellos que representen un riesgo para el equilibrio ambiental en el campo y para la violación de derechos de la población rural.

22. El gobierno federal se compromete a dar prioridad a las comunidades campesinas e indígenas en la concesión para la explotación de recursos minerales.

23. El gobierno federal se compromete a garantizar el derecho constitucional al agua, evitando cualquier intento de privatización; asimismo, a modificar las políticas públicas para el uso y distribución racional de este recurso, impulsando programas para su uso eficiente, su saneamiento y aprovechamiento de las aguas de lluvia.

IV. FINANCIAMIENTO PÚBLICO, REFORMA FINANCIERA, CRÉDITO Y AHORRO PARA LA AGRICULTURA CAMPESINA

24. El gobierno se compromete a impulsar la fusión de FIRA y Financiera Rural para la creación de una Financiera/Banco de fomento para la agricultura y el desarrollo rural con funciones de primer y segundo piso, una entidad con patrimonio propio y autonomía funcional cuya misión sea financiar la producción de alimentos básicos, promover las cadenas de valor, el desarrollo sustentable y fomentar intermediarios financieros rurales de los productores. También tendrá un mandato de inclusión territorial con equidad y garantizar el acceso al crédito productivo de corto, mediano y largo plazo a los pequeños productores en todas las regiones del país.

25. El gobierno federal se compromete a crear un banco social de primer piso que opere créditos y ahorro orientados al sector campesino de autoconsumo (para apoyar su incorporación gradual al mercado), apoye la bancarización de esas zonas y al desarrollo de pequeños productores con tasas preferenciales; enfoque a modelos de negocios e impulso de sectores y regiones prioritarias que privilegie el proyecto más que las garantías. Debe fortalecer la atención de las economías campesinas e indígenas, a través de intermediarios financieros del sector social que otorguen servicios financieros integrales  (ahorro, crédito, seguros, medios de pago) en forma prioritaria para zonas de alta y muy alta marginación. Además del reconocimiento del sector social en el sistema financiero nacional que posibilite la creación de dicha banca.

26. El gobierno federal se compromete a crear un Programa Nacional de Crédito a tasa del 5% destinadas al crédito productivo destinado a los pequeños productores de alimentos básicos con menos de 10 hectáreas, canalizado a través de banca de desarrollo, intermediarios financieros no bancarios y banca comercial donde se puedan financiar a nuevos productores.

27. El gobierno federal se compromete a fomentar la constitución de intermediarios financieros de los productores para la bancarización de familias y el financiamiento productivo territorial: agrícola, la economía rural, a la micro y pequeña empresa, con enfoque territorial. Constituir un centro o instituto de formación y capacidades para intermediarios financieros rurales que permita fortalecer la construcción de capacidades locales de empleados y directivos; competencias laborales, la estructura, los procesos, capitalización, gobernabilidad de los intermediarios financieros rurales por ser los intermediarios financieros que atienden a los sectores más vulnerables (crédito y ahorro).

28. El gobierno federal se compromete a  crear un Sistema Nacional de Garantías a partir del FEGA y FONAGA combinado con un sistema de garantías recíprocas formado por FINCAS de los propios productores y con acceso a todo tipo de intermediarios financieros y no sólo a la banca. Este sistema debe incluir Ley de garantías Rurales para el sector social carente de garantías reales; así como un Registro Nacional único de Contratos de Crédito Rural.

29. El gobierno federal se compromete a la creación de Fideicomisos para el otorgamiento de créditos a la palabra, a tráves de fondo de mandato o de solidaridad, dirigido a avecindados y migrantes. Asimismo la creación de un programa CAPITAL SEMILLA para proyectos individuales, familiares y colectivos, del sector social, el cual se pudiera utilizar como garantía liquida, fondo de aseguramiento y/o capital de trabajo.

30. El gobierno federal se compromete a fortalecer la creación de fondos de aseguramiento en regiones menos desarrolladas del sur del país, para lo cual deben reformarse la ley de Fondos de Aseguramiento y la política de Subsidios a la prima de seguros. En la ley deben permitirse la creación de fondos regionales que cubran ramas de producción o varias regiones de diversos estados; el subsidio a la prima debe ser más equitativo en coberturas por enfoque territorial.

También deben fomentarse el desarrollo de nuevos seguros catastróficos o patrimoniales para las zonas rurales.

“V. EQUIDAD, LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y FORTALECIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS, DERECHOS CAMPESINOS Y DE PUEBLOS INDÍGENAS”

31. El gobierno federal se compromente a formular una estrategia Nacional de Promoción de ciudadanía y vigencia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el Medio Rural.

32. El gobierno federal se compromente a Erradicar el uso clientelar y corporativo de los recursos públicos. Asimismo a formular una estrategia nacional de transparencia y rendición de cuentas, presupuesto participativo e instalar una contraloría social en cada uno de los programas públicos.

33. El gobierno federal se compromete a respetar plenamente los Derechos de los Pueblos Indígenas y campesinos a la Tierra y Territorio haciendo efectivo el Derecho de los Pueblos a la Consulta y el Consentimiento Previo Libre e Informado, por lo que no se deben de dar concesiones para aprovechamientos de recursos naturales sin notificar antes y consultar a los núcleos propietarios de las tierra y territorio.

34. El gobierno federal se compromete a cancelar las concesiones en territorio indígena y campesino llevadas a cabo bajo la violación al Derecho de los Pueblos a la Consulta y al Consentimiento Previo Libre e Informado.

35. El gobierno federal se compromete implantar todas las recomendaciones de la ONU y la OEA en materia de Derechos Humanos.

36. El gobierno federal se compromete a prohibir el uso de armas de fuego, balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestaciones populares, a no criminalizar la protesta social y otorgar la libertad a los presos políticos.

37. El gobierno federal se compromete a incorporar a las mujeres plenamente a la sociedad del conocimiento, fomentando el aprendizaje permanente y el acceso a las nuevas tecnologías. Además de fomentar el desarrollo de material de divulgación sobre leyes, reglamentos, normas e incentivos que fomenten la equidad de género y se traduzcan en lenguas indígenas.

38. El gobierno federal se compromete a crear el Registro Nacional de Violaciones a Derechos Humanos con la participación mixta de organizaciones campesinas, indígenas, sociales y de derechos humanos y de instancias gubernamentales.

Atentamente

 CONGRESO AGRARIO PERMANENTE (CAP)

 CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS (CONOC)

 CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS RURALES Y PESQUEROS (CONORP)

2 3 1